El pasado 10 de diciembre, el gobierno mexicano anunció la implementación de un nuevo impuesto para cruceros que arriben a puertos mexicanos, el cual entrará en vigor el 1 de julio de 2025. Este nuevo gravamen, conocido como Derecho de No Residente (DNR), impone un costo adicional de 42 dólares (860 pesos mexicanos) por pasajero.
La medida ha generado una fuerte reacción en la industria turística y entre los pequeños comerciantes de los puertos turísticos, quienes temen que el nuevo impuesto disminuya la competitividad de México frente a otros destinos del Caribe. Según la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), este nuevo cobro podría elevar los costos en un 213% respecto a otros puertos del Caribe, lo que podría disuadir a las líneas de cruceros de incluir estos destinos en sus itinerarios.
Por otro lado, el gobierno defiende la medida argumentando que es necesaria para ajustar los costos y mejorar la infraestructura portuaria. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se buscará un diálogo abierto con las empresas navieras para atender sus preocupaciones y minimizar el impacto negativo.
A pesar del aplazamiento del impuesto, que originalmente estaba previsto para enero de 2025, las tensiones continúan. La FCCA y otros actores del sector turístico insisten en que se requieren medidas más integrales para abordar las preocupaciones sobre el impacto devastador del impuesto en la economía y los medios de vida de las comunidades costeras.
